Javier “N” podría pasar de 10 a 12 años en prisión por violencia familiar

El Tribunal de Enjuiciamiento con competencia estatal dictó una sentencia condenatoria contra Javier “N”, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, por el delito de violencia familiar en perjuicio de la abogada y activista Cecilia Monzón. En Informe 96 de Cadena IN, Irina Arely Castillo, abogada penalista y actual candidata a juez en materia penal, explicó los alcances del fallo. De acuerdo con la especialista, aunque la defensa de la abogada solicitó una sanción de 20 años por diversos tipos de violencia —física, psicológica, sexual, económica y de poder—, no todos los elementos pudieron ser acreditados durante el juicio.

La denuncia por violencia familiar, presentada por Monzón en vida, fue el punto de partida de un proceso judicial que ahora se convierte en símbolo de exigencia de justicia frente a la violencia de género ejercida por figuras públicas. 

“Dentro del cúmulo de pruebas, el juez dicta sentencia únicamente por el delito de violencia familiar en contra de la mujer”, explicó Castillo. La violencia presuntamente ejercida contra el hijo menor de edad fue descartada por contradicciones temporales en la carpeta de investigación, ya que “los hechos denunciados corresponden al 30 de octubre de 2017, pero en ese entonces ella viaja a España y regresa en noviembre”, explicó Arely Castillo. 

Según la abogada, la pena podría ubicarse en un rango de entre 10 y 12 años de prisión: “Tomando en cuenta las sanciones establecidas y haciendo una media aritmética, basada en mi experiencia, podría ser una condena de entre diez y doce años de prisión”, estimó.

El fallo definitivo será conocido el próximo 30 de mayo y será clave para determinar el alcance de la justicia poblana ante delitos de género cometidos por actores políticos de alto perfil.

El juicio por feminicidio, que continúa su curso en una causa paralela, es observado de cerca tanto por la sociedad civil como por organismos internacionales. La resolución de ambos procesos podría sentar un precedente en la aplicación de justicia con perspectiva de género en México.