Red de huachicol fiscal desata controversia política
En Informe 96, Leobardo Rodríguez y Humberto Aguilar discutieron uno de los mayores golpes de corrupción en México con el destape del llamado “huachicol fiscal”. La red habría operado con complicidad en aduanas y sobornos millonarios.
El exlegislador panista Humberto Aguilar y el actual regidor del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo García, coincidieron en que México enfrenta uno de los mayores golpes a la corrupción en años recientes, con el destape del llamado “huachicol fiscal”. Una red que, según autoridades federales, operó durante al menos dos años para introducir combustible de manera ilegal al país mediante aduanas y venderlo en territorio nacional con documentación falsa.
Durante la Sala de Controversia en Informe 96 de Cadena IN, los políticos poblanos explicaron que el caso involucra a altos mandos de la Marina, funcionarios públicos y empresarios, con 200 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República.
“Estamos hablando de delitos de altísimo impacto. No es el carterista de la esquina. Metían buques enteros de combustible con complicidad oficial”, señaló García.
El caso ha escalado tras la reciente visita del senador estadounidense Marco Rubio, quien ofreció colaboración binacional en materia de seguridad. Aguilar resaltó que, después de ese encuentro, “se detonó una serie de acciones que incluyen la detención de un almirante, sobrino político del secretario de la Marina, y la muerte de un marino que había denunciado la red de corrupción”.
Una estructura de años atrás
Las investigaciones federales apuntan a que el esquema se habría gestado con la complicidad de altos funcionarios en aduanas. “No hay manera de introducir un litro de combustible sin respaldo oficial”, dijo García, al recordar que Horacio Duarte, exjefe de Aduanas durante el gobierno anterior, ha sido mencionado en denuncias penales.
“Por cada buque se habla de hasta 200 millones de pesos en sobornos. No hay forma de que eso pasara inadvertido”, enfatizó Aguilar.
El caso involucra por primera vez a mandos superiores de la Marina, institución históricamente considerada incorruptible. Las autoridades confirmaron que las investigaciones continuarán y que no habrá protección para altos funcionarios o empresarios. “Si alcanzaron a la Marina, nadie puede sentirse intocable. Es un mensaje contra la impunidad”, agregó García.
El gobierno federal ha confirmado que las investigaciones incluyen colaboración con agencias estadounidenses, dada la magnitud del contrabando y sus implicaciones internacionales.
Se espera que en los próximos días se revelen los nombres de los empresarios y funcionarios con órdenes de aprehensión y que la investigación avance para identificar a los corruptores que financiaron la red.
