Poblanos aprueban castración química a agresores sexuales

Una encuesta telefónica realizada por la organización Indicadores SC en Puebla reveló un amplio respaldo ciudadano hacia la aplicación de la castración química —también denominada inhibición del líbido— como castigo a quienes cometen abuso sexual contra menores de edad.

El estudio, levantado en 52 municipios del estado con 400 entrevistas, muestra que la población percibe este delito como un problema grave, frecuente y cercano a sus entornos.

De acuerdo con los resultados, 66.3 por ciento de los entrevistados considera que el abuso sexual infantil ocurre “mucho” en México, mientras que 28.9 por ciento señaló que ocurre “algo”. En conjunto, 95 por ciento de los poblanos cree que esta forma de violencia es común en el país.

La encuesta también reveló que tres de cada diez personas consultadas aseguraron conocer de manera directa o a través de su entorno casos de abuso sexual infantil, lo que confirma que se trata de un fenómeno de alta incidencia social.

9 de cada 10 poblanos aprueban la castración química

Cuando se preguntó cuál debería ser el castigo para los agresores, las respuestas reflejaron un alto nivel de indignación. El 36 por ciento mencionó de manera espontánea la pena de muerte, mientras que 22 por ciento se inclinó por la cadena perpetua. Otro 17 por ciento habló de la castración entendida como una mutilación, lo que evidencia que este concepto todavía se asocia a un procedimiento permanente.

Respecto al conocimiento sobre la castración química, inicialmente 57 por ciento de los encuestados afirmó estar familiarizado con el término. Sin embargo, al explicarles que consiste en la aplicación de medicamentos para reducir temporalmente el deseo sexual, la cifra cambió: solo 43 por ciento reconoció saber en qué consistía realmente, mientras que 57 por ciento admitió desconocerlo.

Tras aclarar el concepto, la encuesta reveló que 85 por ciento de los poblanos aprueba la aplicación de la castración química a los agresores sexuales de menores. Esto significa que casi nueve de cada diez personas considera viable este tipo de sanción para atender un delito que genera gran repudio social.

Aunque el tema ya está en la agenda legislativa de algunos estados y podría llegar a Puebla, persisten retos jurídicos y de derechos humanos para su aplicación. También se plantea la duda sobre si esta medida tendría un efecto preventivo real; los especialistas de Indicadores SC advierten que los abusadores podrían reincidir mediante otros tipos de violencia, concluyeron en Informe 96 de Cadena IN.