Legisladoras exigen investigar narcolavado ligado a Alfonso Romo

Las diputadas Fedrha Suriano (Movimiento Ciudadano), Genoveva Huerta (PAN) y Nora Escamilla (PT) confrontaron posturas sobre las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso la semana pasada a Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco por presunto lavado de dinero para cárteles del narcotráfico, en exclusiva para el noticiario estelar Informe 96 de Cadena IN.  

Las legisladoras coincidieron en la necesidad de investigar en México, pero discreparon en los pasos a seguir y en la solidez de la acusación que involucra a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y accionista mayoritario de Vector.

Genoveva Huerta sostuvo que la presunción de inocencia debe prevalecer, pero advirtió que “si hay pruebas, que se vaya a la cárcel”, en alusión a Romo. Recordó el caso de Genaro García Luna para exigir un trato simétrico y criticó lo que considera un manejo selectivo de la justicia: mientras la oposición fue perseguida con celeridad, dijo, no existe aún una carpeta formal contra el empresario cercano al presidente.

Fedrha Suriano replicó que la señalización del Tesoro “no es un simple dicho”, pues activó restricciones financieras en Estados Unidos y motivó la intervención gerencial de Vector dictada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La diputada de MC cuestionó que el Ejecutivo impulsara una ley antilavado en la Cámara de Diputados mientras, a su juicio, “defiende a una persona ya señalada” y anunció que su bancada acompañará denuncias para que la Fiscalía General de la República investigue de oficio.

Desde el Partido del Trabajo, Nora Escamilla informó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda solicitaron de manera oficial al Tesoro la documentación sustantiva del caso y aseguró que el Gobierno federal actuará “en cuanto existan elementos”. La legisladora subrayó que pasadas 72 horas de la petición no se ha recibido respuesta y consideró indispensable basar cualquier proceso en pruebas certificadas, no en declaraciones mediáticas.

El debate se produce tras la designación de las tres instituciones mexicanas como “preocupación principal” por lavado de dinero derivado del tráfico de fentanilo, medida que entrará en vigor el 15 de julio e implicará restricciones a sus operaciones en territorio estadounidense.

Expertos advierten que el caso podría desencadenar nuevas sanciones y juicios en ambos países, mientras los Congresos locales y federal se alistan para revisar las responsabilidades legales y políticas que emanen de la investigación.