Preocupa ley de ciberacoso en Puebla por impacto en derechos humanos

El Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría de votos la reforma al Código Penal local en materia de ciberseguridad, impulsada por el entonces diputado y actual coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, José Luis García Parra. La medida ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, como Artículo 19.

La reforma contempla la tipificación de delitos como phishing, grooming, malware, hacking, usurpación de identidad, robo de contraseñas y acoso en línea. De acuerdo con García Parra, el objetivo es “proteger a los ciudadanos en el ciberespacio, garantizar su privacidad y seguridad”, según lo expresó desde la tribuna del Congreso en noviembre pasado.

“Queremos que prácticas como el phishing, el grooming, el malware, el hacking, la usurpación de identidad, el robo de contraseñas y el acoso en línea no sólo sean identificadas, sino que sean sancionadas con todo el peso de la ley”, afirmó el legislador en aquella sesión.

Sin embargo, la organización Artículo 19 llamó en su momento al Congreso a rechazar la iniciativa. Señaló que los nuevos delitos propuestos “incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión”, y que violan el principio de taxatividad penal, que establece que los delitos deben estar definidos con precisión para evitar interpretaciones arbitrarias.

La discusión legislativa estuvo marcada por un debate tenso entre diputados y diputadas. Entre los argumentos presentados por los defensores de la reforma, se enfatizó que su aprobación era necesaria para proteger a sectores vulnerables que pueden ser víctimas de delitos cibernéticos motivados por razones como el color de piel, el género o la orientación sexual.

“No podemos permitir que los avances tecnológicos se conviertan en una puerta abierta para el abuso y para el delito”, sostuvo García Parra. “Con esta reforma estaremos dando un paso firme hacia la construcción de un futuro más seguro y justo para todas y todos”.

Aunque la ley ya fue aprobada, las implicaciones de su aplicación aún están por verse. Diversos sectores han advertido sobre la necesidad de vigilar cómo se interpretará y aplicará esta normativa, especialmente en contextos de libertad de expresión en plataformas digitales.

Artículo 19 y otras organizaciones han advertido que podrían recurrir a instancias legales si consideran que la reforma contraviene garantías constitucionales o tratados internacionales en materia de derechos humanos, reportó Informe 96 de Cadena IN.