Leobardo Rodríguez, regidor de Morena, le da espalda a Ley de Ciberasedio
En el noticiario estelar Informe 96, Humberto Aguilar (PAN), Leobardo Rodríguez (Morena) y Jaime Alcántara (PRI) cuestionaron el proceso exprés que aprobó la Ley de Ciberseguridad en Puebla sin consultas públicas ni parlamento abierto.
Leobardo Rodríguez, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, reconoció que la Ley de Ciberseguridad del Congreso poblano fue aprobada con mayoría sin un análisis profundo, dándole la espalda a una iniciativa que podría "coartar la libertad de expresión".
Asimismo, cuestionó la falta de foros previos y propuso que los legisladores —incluidos los de oposición— deben presentar propuestas alternativas en lugar de limitarse a rechazar iniciativas. Consideró que hubo responsabilidades tanto por “acción como por omisión” en el proceso legislativo.
En el noticiario estelar Informe 96 en Cadena IN, PAN, PRI y Morena discutieron acaloradamente sobre el proceso legislativo acelerado que llevó a la aprobación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla, publicada recientemente en el Periódico Oficial del Estado.
Humberto Aguilar Coronado, representante del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que, aunque apoya la regulación del ciberacoso y está en contra de la calumnia y la difamación en redes sociales, considera que la libertad de expresión debe garantizarse sin restricciones arbitrarias. Aguilar criticó que la iniciativa se reactivó tras meses en espera y se aprobó de manera rápida, sin pasar por consultas públicas o parlamento abierto.
Por su parte, Jaime Alcántara, ex legislador del PRI, subrayó que el procedimiento se hizo "al revés", al convocar a foros de discusión después de que la ley ya fue aprobada y publicada. Criticó que mientras algunas iniciativas, como la Ley de Movilidad para motociclistas, fueron ampliamente consultadas, la Ley de Ciberacoso avanzó sin un proceso similar de deliberación pública.
Los participantes coincidieron en que el gobernador Alejandro Armenta, al proponer ahora la realización de foros de análisis, responde a la presión social y mediática generada por la publicación de la ley. Reconocieron que, aunque existen cuentas anónimas que transgreden límites al publicar datos personales y mensajes violentos, también hay preocupación legítima sobre la posible afectación a la libertad de expresión.
El proceso que llevó a la aprobación de la ley fue calificado como un caso de "fast track legislativo", debido a que la iniciativa se reactivó tras permanecer en pausa por meses, fue discutida y votada en pocos días, y luego publicada sin convocar previamente a la sociedad civil, expertos o medios de comunicación.
Ahora, con la propuesta del Ejecutivo estatal de abrir espacios de diálogo, los actores políticos señalaron la necesidad de replantear tanto el contenido como el procedimiento para fortalecer su legitimidad.
