Guardia Nacional podrá vigilar sin orden judicial: advierten expertos

La reciente aprobación de la Ley de la Guardia Nacional ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y digitales. Vladimir Chorny, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), calificó como “muy preocupante” el nuevo marco legal, que —afirmó— permite un esquema de vigilancia masiva sin controles judiciales, en entrevista exclusiva para Informe Una en Punto de Cadena IN.

“Se está legalizando una práctica que ya se venía realizando desde años anteriores”, señaló Chorny, al referirse al acceso a información sensible por parte de cuerpos militares, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la propia Guardia Nacional.

Según explicó, con esta ley se autoriza a las fuerzas armadas a procesar datos privados como localización en tiempo real, vínculos personales, actividades e incluso información médica, sin necesidad de orden judicial.

Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación del requisito de contar con autorización judicial para acceder a datos conservados de comunicaciones y ubicación de dispositivos móviles. “Básicamente se les permitirá consultar información casi a la carta, por mera solicitud, sin que exista una autoridad independiente que lo controle”, advirtió el abogado.

Chorny también alertó sobre la reactivación de atribuciones que ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, como las operaciones encubiertas de la Guardia Nacional. Recordó que el artículo 9, fracción VI, fue invalidado en 2019 precisamente por los riesgos que representaba para la privacidad, la obtención de pruebas ilícitas y la violación al derecho a no autoincriminarse.

Además, el nuevo paquete legislativo se articula con otras normativas recientemente aprobadas, como la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia, que, en conjunto, consolidan un sistema centralizado de vigilancia sin salvaguardas efectivas. “Esto no tiene precedentes. Se está profundizando un modelo de vigilancia que puede impactar gravemente los derechos fundamentales”, dijo.

Ante esta situación, R3D evalúa la ruta legal. “Estamos explorando acciones como amparos individuales. Aunque ya no es posible obtener efectos generales por cambios recientes en la ley, sí podemos construir una estrategia legal articulada para que las personas puedan defenderse”, explicó.

El abogado enfatizó que el primer paso es informar a la ciudadanía. “Hay que alertar, generar conciencia, promover el periodismo y la organización social. Esto se puede y se debe cuestionar”, concluyó.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales adelantó que seguirá impulsando acciones legales y estrategias públicas para resistir el nuevo marco legal que consideran regresivo en materia de derechos civiles.