Beauregard y Suriano cuestionan protección a Morena; Escamilla replica
En Informe 96, Carolina Beauregard (PAN), Fedrha Suriano (MC) y Nora Escamilla (PT) confrontan posturas sobre las investigaciones contra políticos y funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Carolina Beauregard Martínez, integrante del Partido Acción Nacional (PAN); Fedrha Suriano Corrales, representante legislativa de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Puebla; y Nora Merino Escamilla, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), confrontaron posturas sobre las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado y sobre la aplicación de la justicia a integrantes de distintos partidos.
En Informe 96 de Cadena IN, las legisladoras abordaron el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y los señalamientos relacionados con funcionarios y políticos mexicanos a partir de investigaciones de autoridades estadounidenses. Las legisladoras de oposición cuestionaron lo que consideraron una protección del gobierno federal hacia integrantes de Morena, mientras Escamilla sostuvo que cualquier señalamiento debe ser investigado con independencia de la filiación partidista.
Beauregard afirmó que los casos recientes involucran a distintos funcionarios de Morena y sostuvo que las investigaciones estadounidenses deben tener consecuencias también en México.
“Lo que estamos viendo es que el gobierno, el narcogobierno de Morena, se cae a pedazos porque hay implicaciones en los grandes liderazgos de Morena con el crimen organizado".
La panista también se refirió a la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán y señaló que el aspecto relevante no es la visa en sí, sino las razones detrás de la decisión.
“Lo importante son las razones por las que le quitaron la visa y que en México no hay ninguna investigación al respecto”.
Beauregard sostuvo además que corresponde a las autoridades mexicanas investigar los señalamientos contra funcionarios y no depender de acciones emprendidas por otros gobiernos.
“Es vergonzoso para el Gobierno de México que tenga que ser un gobierno extranjero el que venga aquí a impartir justicia”.
Por su parte, Nora Escamilla, diputada federal del PT, planteó que la Fiscalía General de la República debe investigar cualquier información que pueda acreditar la comisión de un delito, incluso cuando provenga de autoridades estadounidenses.
“La Fiscalía General de la República está obligada a darle puntual seguimiento no nada más a lo que hace Estados Unidos o deja de hacer Estados Unidos; tiene que hacerlo desde lo local”.
La legisladora sostuvo que la información que pudiera aportar Gerardo Mérida, en caso de encontrarse bajo un esquema de cooperación con autoridades estadounidenses, debería ser considerada también por las instituciones mexicanas para determinar responsabilidades.
“Esa información no solo tendrá que tenerla Estados Unidos, sino tendremos que tenerla en este país para ir no nada más contra Rocha Moya, contra los que tengan que caer alrededor de esa red”.
Escamilla también defendió que el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, debe analizarse a partir de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República y no únicamente desde una perspectiva política.
La diputada explicó que, de acuerdo con los señalamientos expuestos durante la entrevista, una empresa vinculada con Ruffo habría realizado operaciones relacionadas con importaciones, transporte, rutas, movimientos bancarios y transferencias internacionales por alrededor de 4 mil millones de pesos.
La afirmación provocó una respuesta de Beauregard, quien recordó que cualquier persona sometida a un proceso debe contar con presunción de inocencia.
La justicia del gobierno es "selectiva" con Morena
El debate derivó entonces hacia la aplicación de la justicia a funcionarios de distintos partidos. Fedrha Suriano, diputada local y representante legislativa de MC, cuestionó que algunos funcionarios señalados por investigaciones no hayan enfrentado procesos penales, mientras otros sí han sido detenidos o vinculados a proceso.
Suriano sostuvo que la actuación de las autoridades debe ser uniforme, independientemente del partido político al que pertenezca el funcionario investigado.
La legisladora de Movimiento Ciudadano también señaló que la protección desde el poder puede presentarse en gobiernos de distintas fuerzas políticas y mencionó como ejemplo el caso de Nuevo León.
Las tres legisladoras coincidieron en que las investigaciones y responsabilidades penales deben determinarse mediante las instituciones correspondientes. El desacuerdo se concentró en la forma en que, según cada postura, se han aplicado las investigaciones y procesos a funcionarios vinculados con distintos partidos políticos.
