Foro ciudadano exige derogar Ley de Ciberasedio en Puebla

Durante el primero de dos foros convocados por el Congreso del Estado de Puebla para discutir la legislación en materia de ciberseguridad, especialistas, activistas y ciudadanos plantearon la necesidad de modificar o derogar el artículo 480 del Código Penal, el cual establece sanciones por el delito de ciberasedio.

Más de treinta personas se registraron como ponentes para participar con intervenciones de tres minutos cada una. Al menos diez coincidieron en que el artículo es ambiguo, autoritario y puede representar un riesgo para la libertad de expresión, tanto de periodistas como de víctimas de violencia vicaria. También señalaron que la redacción actual permite interpretaciones subjetivas que podrían derivar en persecución penal.

Entre los planteamientos presentados, se advirtió que el artículo podría ser utilizado como herramienta de censura y aislamiento democrático, al facultar al Estado para juzgar bajo criterios no definidos con claridad. También se mencionó un caso específico en el que una mujer fue acusada de ciberacoso tras denunciar violencia vicaria, lo que ejemplifica los posibles efectos negativos de la reforma en su aplicación.

El Congreso local abrió una encuesta en línea para recopilar opiniones de especialistas, medios de comunicación y sociedad civil. Los temas incluidos en la consulta son derechos humanos y ciberseguridad, usurpación de identidad, uso responsable de la tecnología y rutas de acción ciudadana.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, pidió a las legisladoras que solicitan la derogación del artículo que presenten una propuesta concreta para proteger a niñas, niños y padres de familia que enfrentan acoso en redes sociales y plataformas digitales.

La reforma al artículo 480 fue aprobada el pasado 13 de junio. Los foros y mecanismos de consulta buscan generar una propuesta de modificación o actualización normativa que equilibre el derecho a la libertad de expresión con la necesidad de brindar acceso a la justicia a víctimas de acoso digital.